Recibir una notificación de expediente de expulsión en España puede generar una situación de incertidumbre para una persona extranjera que reside o permanece en territorio español. La comunicación puede indicar que la Administración está valorando imponer una sanción que obligaría al interesado a abandonar el país y que podría acompañarse de una prohibición de entrada.
Sin embargo, recibir una propuesta de expulsión no significa que exista una orden de expulsión definitiva. El procedimiento administrativo contempla garantías de defensa, posibilidades de presentar alegaciones y mecanismos para cuestionar los hechos o fundamentos jurídicos de la sanción propuesta.
La cuestión más urgente consiste en identificar qué documento se ha recibido, qué procedimiento se está tramitando y cuánto tiempo existe para responder. En determinados expedientes, el plazo inicial de alegaciones puede ser de tan solo 48 horas.
Qué significa recibir una propuesta de sanción de expulsión
El expediente de expulsión es un procedimiento administrativo mediante el cual las autoridades competentes examinan si concurren las circunstancias legalmente previstas para acordar la salida obligatoria de una persona extranjera del territorio español.
Su regulación se encuentra principalmente en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024.
La Administración puede iniciar un procedimiento sancionador cuando aprecia indicios de una infracción que legalmente permite imponer la expulsión.
Entre las situaciones que pueden dar lugar a este tipo de actuaciones se encuentran determinados supuestos de permanencia irregular, infracciones graves o muy graves de extranjería y otros casos expresamente previstos en la legislación.
Es importante distinguir tres momentos:
- Acuerdo de iniciación del expediente: comunica la apertura del procedimiento, los hechos imputados y la posible sanción.
- Propuesta de resolución: recoge la valoración del órgano instructor y la sanción que propone imponer, cuando procede formularla separadamente.
- Resolución de expulsión: constituye la decisión administrativa que acuerda la sanción y determina sus consecuencias.
La defensa jurídica puede comenzar desde la primera notificación. No es necesario esperar a que exista una resolución definitiva.
Qué hacer inmediatamente después de recibir la notificación
La primera actuación debe consistir en examinar íntegramente el documento recibido.
No basta con comprobar que aparece la palabra «expulsión». Es necesario determinar si se trata de un acuerdo de iniciación, una propuesta de resolución, una resolución sancionadora o una comunicación relacionada con su ejecución.
Comprobar la fecha de notificación y el plazo para alegar
El plazo para responder depende de la modalidad de procedimiento.
En el procedimiento preferente de expulsión, el artículo 234 del Reglamento de Extranjería establece un plazo inicial de 48 horas para formular alegaciones frente al acuerdo de iniciación.
En el procedimiento ordinario, el artículo 227 reconoce un plazo de quince días para presentar alegaciones iniciales, aportar documentos y proponer pruebas. Además, el artículo 231 contempla un trámite de audiencia de quince días cuando se notifica la propuesta de resolución.
Por tanto, no todas las notificaciones conceden el mismo plazo.
Debe comprobarse la fecha en que la notificación produce efectos, la modalidad de tramitación y las instrucciones contenidas en el documento. La forma de computar el plazo también requiere atención, especialmente cuando se expresa en horas.
Solicitar copia del expediente administrativo
La persona afectada tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen y los elementos que sustentan la actuación administrativa.
La revisión del expediente permite comprobar, entre otras cuestiones:
- Los hechos que la Administración considera acreditados.
- La infracción de extranjería que se imputa.
- Los informes y documentos incorporados.
- La existencia de antecedentes administrativos relevantes.
- La motivación de la expulsión propuesta.
- Las medidas cautelares que pudieran haberse adoptado.
El acceso al expediente resulta especialmente importante cuando la propuesta se fundamenta en información policial o administrativa cuya interpretación puede ser discutida.
Obtener asistencia letrada
La legislación reconoce el derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan conducir a la expulsión.
También contempla la asistencia de intérprete cuando el interesado no comprende o no habla castellano, con las condiciones de gratuidad establecidas legalmente.
La intervención de un abogado permite determinar qué argumentos jurídicos pueden utilizarse y qué pruebas deben presentarse dentro del plazo disponible.
El área de Derecho de Extranjería de IN DIEM Abogados comprende el asesoramiento en procedimientos que afectan a la permanencia legal de ciudadanos extranjeros en España.
Procedimiento ordinario y preferente: una diferencia decisiva
Uno de los aspectos más relevantes de cualquier expediente es determinar si la Administración ha elegido correctamente la modalidad de tramitación.
La Ley Orgánica 4/2000 distingue entre el procedimiento ordinario, regulado en su artículo 63 bis, y el procedimiento preferente, previsto en el artículo 63.
Procedimiento ordinario de expulsión
El procedimiento ordinario se aplica cuando no concurren los supuestos legalmente establecidos para utilizar la vía preferente.
Ofrece un desarrollo procedimental que permite formular alegaciones, proponer pruebas y participar en el trámite de audiencia.
Cuando finalmente se dicta una resolución de expulsión por esta vía, la normativa contempla, como regla general, un plazo de salida voluntaria de entre siete y treinta días.
El Reglamento de Extranjería exige una motivación específica cuando se establece un plazo inferior a quince días y permite valorar determinadas circunstancias para su posible prórroga.
Procedimiento preferente de expulsión
El procedimiento preferente está previsto para determinados supuestos expresamente establecidos en la legislación.
En casos de permanencia irregular, puede utilizarse cuando concurren circunstancias como el riesgo de incomparecencia, actuaciones destinadas a evitar o dificultar la expulsión o riesgos relevantes para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
La mera situación irregular no justifica por sí sola utilizar automáticamente el procedimiento preferente.
Esta modalidad presenta dos particularidades especialmente importantes: el plazo inicial de alegaciones de 48 horas y la posibilidad de ejecución inmediata de la resolución de expulsión, conforme a las reglas legales aplicables.
Por ello, cuando se recibe una notificación de procedimiento preferente, debe examinarse tanto la infracción imputada como la justificación de la modalidad procedimental elegida.
Cómo preparar las alegaciones contra una propuesta de expulsión
Las alegaciones contra un expediente de expulsión no deberían limitarse a solicitar que la Administración reconsidere su decisión.
Su finalidad consiste en cuestionar jurídicamente la procedencia de la sanción, aportar elementos relevantes y exigir una valoración adecuada de las circunstancias del interesado.
Revisar los hechos y la infracción imputada
El primer aspecto consiste en comprobar si los hechos descritos por la Administración son correctos y si encajan en la infracción legal invocada.
Puede ser necesario analizar la situación documental del interesado, la vigencia de sus autorizaciones, las solicitudes administrativas presentadas y cualquier circunstancia que afecte a su derecho de permanencia.
Una imputación basada en datos incompletos o incorrectos puede requerir una respuesta documental específica.
Examinar la proporcionalidad de la expulsión
El artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 establece el marco legal para imponer la expulsión en los supuestos contemplados por la norma.
La valoración de la sanción exige atender a las circunstancias legalmente relevantes y a las exigencias de motivación aplicables.
Cuando el expediente se fundamenta en una situación de permanencia irregular, deben examinarse especialmente las circunstancias concurrentes, el régimen jurídico aplicable y las exigencias derivadas de la normativa europea y de su interpretación jurisprudencial.
No puede afirmarse que toda situación irregular determine automáticamente la expulsión, pero tampoco que la existencia de vínculos personales impida siempre imponerla.
La defensa debe construirse sobre las circunstancias acreditadas y los criterios jurídicos aplicables al supuesto concreto.
Aportar pruebas de arraigo y circunstancias familiares
En determinados procedimientos pueden resultar relevantes los vínculos familiares, la duración de la permanencia en España, la situación de los menores afectados y otras circunstancias personales.
Según el caso, puede ser conveniente aportar documentación como certificados de empadronamiento, certificados de nacimiento o matrimonio, documentación de residencia de familiares, informes médicos o justificantes de actividad laboral.
Estos documentos no garantizan el archivo del procedimiento.
Su utilidad dependerá de la infracción imputada, de las circunstancias que deban valorarse y del régimen jurídico aplicable.
Cuando existen hijos menores, deben examinarse especialmente las consecuencias de la medida sobre la vida familiar y el interés superior del menor.
¿Pueden expulsarme de España únicamente por estar en situación irregular?
La permanencia irregular puede constituir una infracción grave conforme al artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000.
Sin embargo, la respuesta sancionadora no debe analizarse prescindiendo de las circunstancias del expediente.
La relación entre la legislación española, la Directiva 2008/115/CE sobre retorno y la jurisprudencia europea y española exige un análisis jurídico específico.
Por ello, la defensa frente a una expulsión basada en permanencia irregular debe examinar la motivación administrativa, las circunstancias personales y los requisitos legales de la medida.
No resulta correcto sostener que la expulsión es inevitable por carecer de autorización de residencia, ni que siempre pueda sustituirse por una multa.
La solución depende del supuesto y de la normativa e interpretación jurisprudencial aplicables.
Qué ocurre si tengo una solicitud de residencia o arraigo pendiente
Una situación especialmente delicada aparece cuando el extranjero recibe una propuesta de expulsión mientras está tramitando una autorización de residencia.
Puede tratarse de una solicitud de arraigo, una renovación, una modificación de autorización u otro procedimiento administrativo.
En estos casos, resulta necesario examinar la fecha de presentación de la solicitud, su estado, los requisitos aplicables y los posibles efectos sobre el expediente sancionador.
La existencia de una solicitud pendiente no supone necesariamente la suspensión automática de la expulsión.
Tampoco debe darse por hecho que la apertura de un expediente sancionador impide cualquier posibilidad futura de regularización.
Es necesario estudiar la relación jurídica entre ambos procedimientos y las actuaciones que puedan resultar procedentes.
¿Puede haber una detención o internamiento durante el expediente?
La apertura de un expediente de expulsión no implica necesariamente la detención ni el internamiento de la persona extranjera.
El artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000 contempla determinadas medidas cautelares que pueden adoptarse en los supuestos legalmente previstos.
Entre ellas pueden encontrarse obligaciones de presentación periódica, medidas relacionadas con la documentación y otras actuaciones autorizadas por la legislación.
El internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) requiere autorización judicial y está sometido a requisitos, garantías y límites específicos.
No constituye una consecuencia automática de recibir una propuesta de expulsión.
Si la persona afectada ha sido detenida, debe examinarse inmediatamente la causa de la detención, las garantías de asistencia jurídica y las medidas que puedan solicitarse.
Diferencia entre una expulsión y una denegación de entrada en el aeropuerto
Aunque ambas situaciones pueden terminar con la salida de una persona extranjera de España, no constituyen el mismo procedimiento.
La denegación de entrada en aeropuerto se produce cuando una persona intenta acceder al territorio español por un puesto fronterizo y las autoridades consideran que no reúne los requisitos exigidos.
Su regulación específica se encuentra, entre otras disposiciones, en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/2000 y en el artículo 15 del Reglamento de Extranjería.
En cambio, el expediente de expulsión se tramita conforme al régimen legal correspondiente cuando la Administración considera que concurre una causa que permite adoptar esa medida.
La diferencia afecta a las garantías, los plazos, los recursos y las consecuencias jurídicas.
Por ejemplo, una persona que llega a un aeropuerto español y no acredita suficientemente las condiciones de entrada puede recibir una resolución de inadmisión sin que ello constituya una sanción de expulsión.
Distinto sería el supuesto de una persona que ya se encuentra en España y recibe una notificación de inicio de un procedimiento sancionador por una presunta infracción de extranjería.
Cuando el problema surge durante el control fronterizo, IN DIEM dispone de un servicio específico de asistencia jurídica ante denegaciones de entrada en aeropuertos españoles.
Identificar correctamente la medida resulta esencial para determinar la respuesta jurídica adecuada.
Qué ocurre después de presentar alegaciones
Una vez presentadas las alegaciones, la Administración debe continuar el procedimiento conforme a las reglas aplicables.
En función de la modalidad de tramitación y del contenido del expediente, pueden practicarse pruebas, realizarse nuevas actuaciones y dictarse una propuesta de resolución o una resolución definitiva.
Las alegaciones pueden conducir al archivo del expediente cuando proceda, a una modificación de la valoración administrativa o a la continuación del procedimiento hasta una resolución sancionadora.
La presentación de alegaciones no garantiza que se descarte la expulsión.
Si finalmente se dicta una resolución desfavorable, debe analizarse la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
Cómo recurrir una orden de expulsión ya dictada
Cuando la Administración ha dictado una resolución de expulsión, la estrategia jurídica cambia.
Ya no se trata únicamente de responder a una propuesta, sino de impugnar una decisión administrativa.
Dependiendo del órgano que haya dictado la resolución, de si agota la vía administrativa y de las circunstancias del caso, puede proceder un recurso administrativo o un recurso contencioso-administrativo.
Los plazos y las vías de impugnación deben comprobarse en la notificación.
Además, debe valorarse si existe riesgo de ejecución y si procede solicitar la suspensión cautelar de la medida.
La interposición de un recurso no paraliza necesariamente por sí sola la expulsión.
IN DIEM aborda estas actuaciones mediante su servicio de recursos, denegaciones y expulsiones en extranjería, que comprende el análisis de resoluciones, la preparación de recursos y el estudio de medidas cautelares.
Consecuencias de una resolución de expulsión
Una resolución de expulsión puede producir consecuencias que van más allá de la obligación de abandonar España.
El artículo 58 de la Ley Orgánica 4/2000 regula la prohibición de entrada asociada a la expulsión, cuya duración debe determinarse conforme a los límites y criterios legales aplicables.
La medida puede afectar a futuros desplazamientos, solicitudes de visado y posibilidades de entrada o residencia, también en relación con otros Estados del espacio Schengen cuando corresponda.
Por ello, al examinar una propuesta de expulsión no debe valorarse únicamente la situación inmediata del interesado.
También deben considerarse las consecuencias administrativas y migratorias que una eventual resolución podría producir en el futuro.
La importancia de actuar antes de que se dicte la expulsión
La fase inicial de un expediente sancionador ofrece una oportunidad para examinar la legalidad de la actuación administrativa y aportar elementos de defensa antes de que se adopte una decisión definitiva.
La estrategia debe adaptarse a la infracción imputada, la modalidad de procedimiento, los documentos disponibles y las circunstancias personales del afectado.
Esperar a recibir una orden de expulsión puede reducir las posibilidades de intervenir durante la instrucción y hacer necesario acudir a mecanismos de impugnación posteriores.
Si ha recibido un acuerdo de iniciación o una propuesta de sanción de expulsión, IN DIEM Abogados puede revisar la notificación, comprobar los plazos, examinar el expediente administrativo, preparar alegaciones y valorar las actuaciones necesarias para defender su situación jurídica en España.
La intervención debe comenzar identificando con precisión la medida notificada y las posibilidades de actuación que permite el procedimiento.
Preguntas frecuentes sobre expedientes de expulsión en España
¿Cuánto tiempo tengo para presentar alegaciones contra un expediente de expulsión?
Depende del procedimiento. En el procedimiento preferente, el plazo inicial es de 48 horas. En el ordinario, se conceden quince días para las alegaciones iniciales y, cuando corresponde, otros quince días en el trámite de audiencia de la propuesta de resolución. Es necesario revisar la notificación para identificar el plazo concreto.
¿Puedo presentar alegaciones si no tengo abogado?
La persona interesada puede formular alegaciones, pero tiene reconocido el derecho a asistencia letrada en los procedimientos que puedan conducir a su expulsión. Puede solicitar asistencia de oficio en los términos legalmente establecidos. Debido a los plazos y consecuencias del procedimiento, resulta recomendable contar con asesoramiento jurídico desde el inicio.
¿Qué pasa si no respondo a una propuesta de expulsión?
El procedimiento puede continuar sin las alegaciones del interesado. En determinadas circunstancias, el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución. No responder supone perder una oportunidad de aportar documentos, discutir los hechos o solicitar pruebas antes de que la Administración adopte su decisión.
¿Pueden expulsarme si tengo hijos españoles o residentes en España?
La existencia de hijos españoles o residentes puede ser jurídicamente relevante, especialmente cuando hay menores afectados. Deben examinarse los vínculos familiares, el interés superior del menor y el régimen legal aplicable. Sin embargo, tener hijos en España no impide automáticamente cualquier expulsión.
¿Una solicitud de arraigo paraliza automáticamente una expulsión?
No necesariamente. Debe analizarse cuándo se presentó la solicitud, qué modalidad de arraigo se pretende obtener, cuál es el estado del expediente y qué efectos reconoce la normativa aplicable. Puede ser necesario solicitar actuaciones específicas para proteger la situación jurídica del interesado.
¿Puedo seguir trabajando si recibo un expediente de expulsión?
La apertura del expediente no determina por sí sola la extinción automática de cualquier autorización de trabajo. Es necesario comprobar si existe una autorización vigente, si se han adoptado otras decisiones administrativas y cuáles son sus efectos. La posibilidad de continuar trabajando dependerá de la situación jurídica concreta.
¿Una orden de expulsión siempre incluye prohibición de entrada?
La legislación española contempla la prohibición de entrada como consecuencia asociada a la expulsión, con las particularidades y excepciones legalmente previstas. Su duración y alcance deben examinarse conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica 4/2000 y a las circunstancias del expediente.
¿Puedo ser internado en un CIE mientras se tramita mi expulsión?
El internamiento no es automático. Requiere autorización judicial y debe cumplir los requisitos legales aplicables. Además, está sujeto a límites temporales y garantías específicas. La procedencia de esta medida depende de las circunstancias del caso y de la modalidad de procedimiento.
¿Qué diferencia existe entre una expulsión y una devolución en frontera?
La expulsión es una medida acordada conforme a las causas y procedimientos previstos legalmente. La devolución se aplica en determinados supuestos específicos, como los contemplados en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000. Ambas deben distinguirse de la denegación de entrada en aeropuerto, que tiene su propio régimen jurídico.
¿Se puede suspender una expulsión mientras se tramita un recurso?
En determinados casos puede solicitarse la suspensión administrativa o judicial de la expulsión. Sin embargo, presentar un recurso no implica necesariamente su suspensión automática. Deben examinarse el riesgo de ejecución, los requisitos de las medidas cautelares y las circunstancias que justifican su solicitud.
¿En qué podemos ayudarte desde IN DIEM Abogados?
En situaciones de retención, inadmisión o detención de extranjeros en aeropuertos españoles, el tiempo es un factor decisivo. Una actuación jurídica rápida y especializada puede marcar la diferencia entre revertir la denegación de entrada o ser devuelto al país de origen con consecuencias administrativas duraderas.
Desde IN DIEM Abogados prestamos asistencia letrada urgente en aeropuertos a extranjeros y a sus familiares, actuando desde el primer momento del procedimiento fronterizo.
Podemos ayudarte en:
- Asistencia letrada inmediata en aeropuerto, tanto en retenciones como en procedimientos de inadmisión o detención administrativa.
- Interlocución directa con la Policía Nacional en controles fronterizos y salas de inadmitidos.
- Revisión de la legalidad del procedimiento, comprobando que se respeten todos tus derechos (asistencia letrada, intérprete, comunicación, motivación de la resolución).
- Presentación de alegaciones urgentes y aportación de documentación para intentar revertir la denegación de entrada antes del retorno.
- Interposición de recursos y acciones urgentes, incluido el habeas corpus cuando existan irregularidades en la privación de libertad.
- Asesoramiento y coordinación con familiares y consulados, facilitando la recopilación rápida de documentos y la comunicación con las autoridades.
- Defensa jurídica tras el retorno, analizando las consecuencias administrativas de la inadmisión y las posibilidades de recurso o levantamiento de prohibiciones de entrada.
Contamos con experiencia específica en procedimientos de extranjería en frontera, lo que nos permite actuar con rapidez, criterio jurídico y conocimiento práctico de cómo funcionan los controles aeroportuarios en España.
Si tú o un familiar os encontráis retenidos en un aeropuerto o frente a una denegación de entrada, es fundamental contactar con un abogado especializado de inmediato.
Una actuación temprana puede evitar consecuencias graves y proteger tu derecho a entrar legalmente en España.
Contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.
Abogados expertos en Extranjería: Unión Europea, Latinoamérica España y Servicio Internacional
Abogados IN DIEM dispone de un equipo con experiencia en el desarrollo de funciones previas como Magistrado-Juez, Abogado del Estado, Fiscal o Docente Universitario, lo que te aportará tranquilidad y seguridad, al disponer del mejor equipo, competitivo y muy preparado para conseguir tus objetivos y cubrir tus necesidades.
Nuestro despacho ofrece asesoramiento completo en todas las áreas relacionadas con extranjería, incluyendo:
Permisos de Residencia y Visados : Asesoramos a individuos y empresas en la obtención de permisos de residencia, ya sea por trabajo, estudios, reagrupación familiar o residencia no lucrativa. Aseguramos que todos los trámites se realicen de acuerdo con la normativa vigente y de manera eficiente.
Autorizaciones de Trabajo y Autónomos: Guiamos a extranjeros en el proceso de obtención de permisos de trabajo por cuenta ajena o autónomos, tanto para ciudadanos de la UE como de fuera de la misma, brindando el respaldo necesario para asegurar la legalidad de su actividad laboral en España.
Nacionalidad Española: Ofrecemos asesoramiento legal en el proceso de obtención de la nacionalidad española, ya sea por residencia, por matrimonio o por otros medios, garantizando un acompañamiento integral en cada paso del proceso.
Reagrupación Familiar: Gestionamos el proceso de reagrupación familiar, tanto para familiares directos de extranjeros residentes como para aquellos que desean reunirse con su familia en España, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.
Inmigración y Expulsión: Defendemos los derechos de los extranjeros frente a decisiones administrativas que puedan afectar su situación en España, incluyendo recursos por denegación de permisos y procedimientos de expulsión.
Asesoría a Empresas: Brindamos asesoramiento a empresas que necesitan gestionar la contratación de personal extranjero o que desean establecer filiales en España, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria.
Estamos a tu disposición para lo que necesites. Nos puedes localizar a través del Teléfono Abogados IN DIEM (+34) 916 353 892. En casos de Urgencias nos tienes en el Teléfono Abogados Urgencia 24 Horas IN DIEM: (+34) 610 667 452.
¿Sabías que Abogados IN DIEM dispone de servicio online y servicio urgente?
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de ser asistido por videollamada o videoconferencia, así como también de forma telefónica, conforme a la preferencia de nuestros clientes, de forma que la asistencia es lo más personal, con absoluta inmediatez, y sin necesidad de desplazamientos. Tal servicio se complementa con comunicación vía mail, lo que facilita el análisis y entrega de documentación.
Asimismo, para empresas y particulares, IN DIEM Abogados dispone de servicios urgentes y atención 24 horas en aquellas materias que requieren una respuesta rápida.
¿Deseas saber algo más sobre Abogados IN Diem? Te dejamos este breve video de presentación…
Para algunos reconocimientos te dejamos este enlace.
Nos encontrará en Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Tomares, Coria del Rio, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Estepona, Marbella, y Mairena del Aljarafe. Será un placer atenderle.
