Cómo se acredita la necesidad de asistencia

Los informes médicos adquieren especial relevancia, pero deben permitir comprender cómo se desenvuelve realmente la persona. Un diagnóstico grave o un porcentaje elevado de discapacidad no sustituye al análisis de las actividades para las que se necesita ayuda.

Puede ser necesario valorar cuestiones como la capacidad para levantarse y desplazarse, vestirse, asearse, comer, orientarse, evitar situaciones de riesgo o ejecutar de forma autónoma otras actuaciones esenciales. En determinados casos también resulta relevante explicar la frecuencia de la asistencia y qué ocurriría si esa supervisión o ayuda no estuviera disponible.

No es imprescindible que la persona necesite asistencia durante las veinticuatro horas ni para absolutamente todas las actividades cotidianas. Lo decisivo es identificar una necesidad de ayuda externa suficientemente relevante respecto de actos que tengan carácter esencial.

Desde IN DIEM revisamos la documentación clínica con este enfoque funcional. También pueden resultar útiles informes de especialistas, rehabilitación, valoraciones funcionales u otros documentos que permitan describir de manera objetiva el nivel de autonomía existente.

Cuánto se cobra con una gran incapacidad

La prestación presenta una particularidad frente a otros grados. A la pensión que corresponda por la incapacidad permanente se añade un complemento de gran incapacidad destinado a contribuir a la remuneración de la persona que presta asistencia.

El importe de ese complemento se calcula sumando el 45 % de la base mínima de cotización del Régimen General vigente en el momento del hecho causante y el 30 % de la última base de cotización de la persona trabajadora correspondiente a la contingencia de la que deriva la incapacidad.

Además, el complemento no puede ser inferior al 45 % de la pensión percibida sin incluir dicho complemento. Por esta razón, para calcular correctamente la prestación no basta con conocer el salario anterior: deben revisarse la base reguladora, las cotizaciones y la contingencia aplicable.

Con carácter general, las prestaciones de Seguridad Social reconocidas por gran incapacidad se encuentran exentas del IRPF.

Gran incapacidad y dependencia son reconocimientos diferentes

Necesitar asistencia de otra persona no significa que el reconocimiento de gran incapacidad y el de una situación de dependencia sean equivalentes. Pertenecen a procedimientos distintos, son resueltos por administraciones diferentes y utilizan sus propios criterios de valoración.

Una resolución de dependencia puede aportar información sobre la autonomía de la persona, pero no sustituye por sí sola la calificación que corresponde realizar al INSS en materia de incapacidad permanente. Lo mismo ocurre con el grado de discapacidad: puede existir relación entre las circunstancias valoradas, pero no debe confundirse una figura con otra.

¿Puede trabajarse después de reconocer una gran incapacidad?

La regulación permite realizar actividades compatibles con el estado de la persona siempre que no evidencien una modificación de su capacidad que pueda dar lugar a una revisión. Sin embargo, las consecuencias son distintas cuando la actividad realizada determina el alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social.

En ese supuesto, el régimen vigente establece la suspensión del pago de la pensión mientras permanezca el trabajo o actividad. Una vez finalizado, puede reanudarse el pago, sin perjuicio de la facultad del INSS para revisar el grado reconocido.

Existe una particularidad especialmente relevante: el complemento destinado a remunerar a la persona que presta asistencia no se suspende por la realización de ese trabajo incompatible con la pensión. Antes de comenzar cualquier actividad conviene, por tanto, estudiar sus consecuencias económicas y administrativas.

Qué ocurre con el contrato de trabajo

La declaración de gran incapacidad dejó de producir automáticamente la extinción del contrato de trabajo tras la reforma de 2025. La persona trabajadora dispone de diez días naturales desde la notificación de la resolución para comunicar por escrito a la empresa su voluntad de mantener la relación laboral.

La empresa debe analizar si resulta posible realizar ajustes razonables o asignar un puesto vacante compatible con la nueva situación. Dispone, con carácter general, de un máximo de tres meses desde la notificación de la resolución para adoptar las medidas correspondientes o, si concurren las causas legales que lo permiten, comunicar motivadamente la extinción.

Esta cuestión debe coordinarse con el régimen de la prestación, porque la continuidad laboral mediante un puesto adaptado o diferente puede provocar la suspensión de la pensión en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social.

Qué revisamos en un expediente de gran incapacidad

El análisis debe ir más allá del diagnóstico. En IN DIEM estudiamos las patologías y secuelas acreditadas, el grado de autonomía, los actos para los que se necesita asistencia, la documentación médica disponible, las cotizaciones y las circunstancias en las que se inició el expediente.

También revisamos resoluciones del INSS cuando ya existe un grado de incapacidad reconocido y se considera que la necesidad de tercera persona no ha sido correctamente valorada. Si la controversia se encuentra en una denegación o en una revisión del grado, deben comprobarse además los plazos administrativos y procesales correspondientes.

La intervención se integra dentro del asesoramiento en Trabajo y Seguridad Social de IN DIEM, teniendo en cuenta conjuntamente las consecuencias prestacionales y laborales de la resolución.