Caso de éxito: condenan a Banco Santander a devolver 6.700 euros por dos pagos fraudulentos tras un phishing

Sentencia por phishing bancario que condena a devolver 6.700 euros por operaciones fraudulentas con tarjeta

Una clienta de Banco Santander sufrió dos cargos fraudulentos de 3.500 y 3.200 euros en sus tarjetas de crédito después de recibir un SMS que aparentaba proceder de su entidad bancaria. Aunque comunicó lo sucedido y reclamó la devolución del dinero, el banco rechazó su responsabilidad alegando que las operaciones habían sido correctamente autenticadas y que existía negligencia grave por parte de la usuaria.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 27 de Sevilla, mediante sentencia de 23 de julio de 2025, estimó íntegramente la demanda y condenó a Banco Santander a reintegrar 6.700 euros por operaciones bancarias no autorizadas, más los intereses legales correspondientes y las costas procesales.

La resolución constituye un ejemplo relevante de cómo debe analizarse la responsabilidad del banco ante un phishing, especialmente cuando la entidad pretende justificar los cargos fraudulentos mediante registros técnicos de autenticación sin acreditar que el cliente autorizó realmente las operaciones.

El origen del conflicto: dos compras fraudulentas tras un SMS que suplantaba al banco

El fraude se produjo en noviembre de 2020 y afectó a una consumidora de 70 años, titular de dos tarjetas de crédito que, según expuso en su demanda, no utilizaba para realizar compras por internet.

Después de intentar efectuar una transferencia mediante la aplicación bancaria, recibió un mensaje SMS que le comunicaba que su cuenta había sido bloqueada temporalmente por motivos de seguridad.

El mensaje incorporaba un enlace que aparentaba pertenecer a Banco Santander y dirigía a una página que reproducía la imagen de la entidad. Bajo esa apariencia de legitimidad, se solicitaron datos personales y credenciales de acceso a la banca electrónica.

Posteriormente aparecieron dos cargos que la titular no reconocía:

  • Una compra fraudulenta de 3.500 euros.
  • Una segunda compra fraudulenta de 3.200 euros.

Ambas operaciones se realizaron utilizando las tarjetas de crédito de la afectada, sin que esta hubiera efectuado personalmente las compras.

La sentencia sitúa las operaciones fraudulentas en Lituania y destaca que se trataba de importes elevados, ajenos al perfil de utilización habitual de las tarjetas.

La clienta comunicó el fraude a la entidad bancaria, pero esta sostuvo que las operaciones estaban debidamente autorizadas. La afectada continuó reclamando, solicitó documentación y realizó actuaciones posteriores para preservar sus derechos.

Ante la falta de una solución satisfactoria, el conflicto terminó ante los tribunales.

La defensa del banco: autenticación correcta y supuesta negligencia grave

Banco Santander se opuso a la reclamación argumentando que el fraude se había producido porque se habían facilitado datos bancarios y credenciales de seguridad.

La entidad sostuvo que el sistema de pago había funcionado correctamente y explicó el procedimiento de autenticación empleado para registrar tarjetas en Apple Pay, mediante datos de la tarjeta, credenciales de banca digital y códigos de un solo uso u OTP.

También alegó que la titular había compartido información bancaria con su hija y que la actuación de esta había permitido que terceros obtuvieran los datos necesarios para cometer el fraude.

Desde esa perspectiva, el banco pretendía atribuir las consecuencias económicas a una supuesta negligencia grave del cliente en un fraude bancario.

Sin embargo, el problema jurídico no consistía únicamente en determinar si se habían utilizado credenciales válidas.

La cuestión decisiva era si Banco Santander podía demostrar que la titular había autorizado las compras o que concurría una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas.

La reclamación judicial y la estrategia jurídica frente a Banco Santander

La demanda ejercitó una acción de responsabilidad contractual y reclamación de cantidad, solicitando el reintegro de los 6.700 euros, los intereses correspondientes y la imposición de costas.

La controversia se centró en la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

El planteamiento jurídico de la reclamación descansaba en tres cuestiones esenciales.

La ausencia de autorización de las operaciones fraudulentas

La titular negó haber realizado las compras que originaron los cargos.

Esta circunstancia resultaba especialmente importante porque el artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 establece un régimen específico de prueba cuando el usuario niega haber autorizado una operación de pago.

La entidad debe acreditar la autenticación, el registro y la contabilización de la operación, así como la ausencia de fallos técnicos u otras deficiencias del servicio.

Además, el registro de utilización del instrumento de pago no basta necesariamente para demostrar que el titular autorizó la operación o incurrió en negligencia grave.

La insuficiencia de los registros técnicos aportados por el banco

La entidad bancaria aportó documentación relativa al funcionamiento de sus sistemas de pago y autenticación.

No obstante, la cuestión era determinar si esos registros acreditaban la autorización concreta de las compras discutidas.

La sentencia consideró que la documentación aportada no demostraba que las operaciones se hubieran ejecutado desde dispositivos vinculados a la titular ni que esta hubiera intervenido en su validación.

La falta de prueba de una negligencia grave

La defensa bancaria también se apoyaba en la cesión de información entre la titular y su hija, así como en la introducción de datos en una página fraudulenta.

Sin embargo, la existencia de un engaño no equivale automáticamente a una conducta gravemente negligente.

La reclamación exigía valorar la apariencia de legitimidad del mensaje, el mecanismo de suplantación utilizado y la ausencia de pruebas suficientes para atribuir a la clienta una actuación que permitiera excluir la responsabilidad de la entidad.

Estas cuestiones forman parte del análisis jurídico que se realiza en las reclamaciones por fraude bancario, phishing y operaciones no autorizadas, donde resulta fundamental distinguir entre la autenticación técnica y el consentimiento del titular.

Los argumentos decisivos de la sentencia favorable

El juzgado examinó la documentación aportada, las alegaciones de ambas partes y la prueba practicada durante el procedimiento.

La resolución identificó varias circunstancias relevantes que determinaron la estimación de la demanda.

1. El banco no acreditó que la clienta autorizara las compras

La sentencia señaló que los registros presentados por Banco Santander acreditaban la existencia de transacciones electrónicas y su procesamiento mediante los sistemas de autenticación.

Sin embargo, no demostraban suficientemente cómo se había producido la autorización concreta de las compras.

En particular, el juzgado destacó que no se había acreditado:

  • Que la clienta recibiera una notificación identificando las compras que se pretendían realizar.
  • Que accediera a la plataforma bancaria para validarlas mediante sus credenciales o identificación biométrica.
  • Que las operaciones se ejecutaran desde un dispositivo vinculado a la titular.
  • Que se enviaran a su terminal las confirmaciones correspondientes a las compras realizadas.

Por tanto, la documentación técnica no permitía concluir que existiera una autorización válida de las operaciones.

Este razonamiento refleja una distinción esencial en las sentencias por phishing bancario: que un sistema registre una operación como autenticada no significa necesariamente que su titular haya prestado consentimiento para ejecutarla.

2. Las operaciones presentaban indicios que exigían controles adicionales

Otro elemento determinante fue el carácter anómalo de las transacciones.

El juzgado destacó que los dos cargos se realizaron desde Lituania, por importes de 3.500 y 3.200 euros, y que Banco Santander no había acreditado la existencia de operaciones similares durante la vida de las tarjetas.

La resolución también tuvo en cuenta que la propia documentación bancaria reflejaba mensajes de alta de dispositivo y cambio de límite producidos en un intervalo de apenas siete minutos.

Esta secuencia, unida a los importes y al origen extranjero de los cargos, presentaba circunstancias que debieron activar controles de seguridad adicionales.

El órgano judicial consideró que la entidad no había acreditado suficientemente la adopción de medidas capaces de detectar o impedir aquellas operaciones sospechosas.

3. El engaño mediante una página bancaria falsa no acreditaba negligencia grave

El procedimiento también abordó la conducta de la titular y de su hija durante el fraude.

La sentencia examinó la prueba testifical y advirtió contradicciones entre el testimonio de la hija y el relato de la demanda, llegando a considerar que aquella declaración no resultaba creíble.

No obstante, el juzgado señaló expresamente que esa valoración no modificaba su conclusión sobre la responsabilidad bancaria.

En relación con la información compartida entre madre e hija, consideró que esa circunstancia no demostraba por sí misma negligencia grave.

Tampoco entendió acreditado que la actuación frente al tercero defraudador alcanzara el nivel de gravedad necesario para exonerar a la entidad.

El mensaje fraudulento y el enlace utilizado presentaban una apariencia de legitimidad que debía valorarse dentro de las circunstancias del engaño.

La sentencia concluyó que Banco Santander no había demostrado que la titular autorizara las compras ni que hubiera actuado fraudulentamente o con negligencia grave.

El resultado judicial: condena al reintegro de 6.700 euros, intereses y costas

El Juzgado de Primera Instancia n.º 27 de Sevilla estimó íntegramente la demanda mediante sentencia de 23 de julio de 2025.

El fallo condenó a Banco Santander a:

  • Reintegrar mediante apunte contable los 6.700 euros correspondientes a las dos operaciones fraudulentas.
  • Abonar los intereses legales desde la interpelación judicial, con el incremento previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia.
  • Asumir las costas del procedimiento.

La resolución reconoció, por tanto, la responsabilidad de la entidad bancaria frente al perjuicio económico ocasionado por las operaciones no autorizadas.

Es importante precisar que la propia sentencia indicaba que no era firme y que podía recurrirse en apelación. La documentación analizada no permite afirmar que posteriormente adquiriera firmeza ni que se hubiera ejecutado materialmente el reintegro.

El resultado acreditado es una sentencia estimatoria íntegra en primera instancia.

Qué importancia tiene esta sentencia para otras víctimas de phishing bancario

Este caso permite extraer varias conclusiones jurídicas de utilidad para quienes sufren cargos fraudulentos mediante tarjetas de crédito o banca electrónica.

En primer lugar, la utilización de credenciales, códigos OTP o mecanismos de autenticación no resuelve automáticamente la cuestión de la autorización de una operación.

El artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 distingue entre la prueba de la autenticación y la acreditación de la conducta del usuario.

En segundo lugar, la negligencia grave en operaciones bancarias no autorizadas debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto. No puede presumirse exclusivamente porque la víctima haya accedido a un enlace fraudulento.

En tercer lugar, los sistemas de seguridad bancaria deben valorarse también en relación con la detección de operaciones anómalas.

Importes elevados, cambios de dispositivo, modificaciones de límites y operaciones realizadas desde el extranjero pueden constituir circunstancias relevantes para determinar qué controles eran exigibles.

La normativa aplicable puede consultarse en el Real Decreto-ley 19/2018 publicado en el BOE.

Desde una perspectiva más amplia, este asunto muestra la importancia de analizar los conflictos con las entidades financieras desde el Derecho Bancario y Financiero, especialmente cuando la controversia exige examinar obligaciones contractuales, sistemas de pago y distribución de responsabilidades.

Una sentencia favorable no significa que todos los fraudes tengan la misma solución

El pronunciamiento debe interpretarse conforme a sus circunstancias concretas.

No todos los fraudes digitales generan necesariamente operaciones de pago no autorizadas. Debe distinguirse, por ejemplo, entre un tercero que realiza compras sin consentimiento del titular y una persona que ordena personalmente una transferencia después de haber sido engañada.

Tampoco puede excluirse con carácter general que determinadas actuaciones del usuario constituyan negligencia grave.

Lo relevante es que esa conclusión requiere un análisis jurídico y probatorio individualizado.

Para comprender las distintas modalidades de engaño y las actuaciones iniciales que pueden adoptarse, puede consultarse también nuestra guía sobre phishing, smishing y vishing en España.

Qué documentación puede resultar decisiva para reclamar pagos fraudulentos

La sentencia pone de manifiesto que una reclamación bancaria no debería limitarse a discutir la existencia del fraude.

Resulta especialmente importante reconstruir cómo se produjo cada operación y qué pruebas conserva la entidad.

Entre la documentación que puede resultar relevante se encuentran los extractos bancarios, justificantes de los cargos, mensajes SMS, reclamaciones formuladas, respuestas del banco y registros de autenticación.

También puede ser necesario solicitar información sobre los dispositivos utilizados, las notificaciones enviadas, las modificaciones de límites y los mecanismos de validación aplicados.

Cuando el banco sostiene que el usuario autorizó una compra o actuó con negligencia grave, el análisis debe centrarse en los hechos concretos que permiten sostener o cuestionar esa afirmación.

La conservación de las comunicaciones y la reclamación temprana son especialmente relevantes. El artículo 43 del Real Decreto-ley 19/2018 exige comunicar las operaciones no autorizadas sin demora injustificada y establece, con carácter general, un límite máximo de trece meses desde el adeudo para solicitar su rectificación, con las excepciones legalmente previstas.

Asesoramiento jurídico ante cargos fraudulentos que el banco se niega a devolver

La sentencia analizada demuestra la importancia que puede tener un examen detallado de la prueba bancaria cuando una entidad rechaza la devolución de operaciones que el cliente niega haber autorizado.

En IN DIEM Abogados abordamos este tipo de controversias mediante el estudio de la documentación, el análisis de los sistemas de autenticación, la valoración de las circunstancias del fraude y la preparación de la estrategia jurídica correspondiente.

Si ha sufrido pagos fraudulentos con tarjeta por phishing y su entidad financiera rechaza el reintegro, nuestro equipo puede estudiar la viabilidad de la reclamación, revisar los argumentos del banco y valorar las actuaciones extrajudiciales o judiciales que procedan.

Puede conocer nuestro servicio especializado en fraude bancario y reclamación de operaciones no autorizadas.

Cada supuesto requiere una valoración individualizada, tanto de la conducta del usuario como de las obligaciones de seguridad y prueba exigibles a la entidad financiera.


Preguntas frecuentes sobre sentencias por phishing bancario

¿Puede condenarse a un banco a devolver dinero robado mediante phishing?

Sí. Cuando se producen operaciones de pago no autorizadas, la normativa de servicios de pago establece obligaciones de devolución a cargo de la entidad financiera, con las excepciones legalmente previstas. En el caso analizado, un juzgado de Sevilla condenó a Banco Santander a reintegrar 6.700 euros por dos compras fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito.

¿Qué ocurre si el banco afirma que las compras fueron autenticadas correctamente?

La autenticación técnica no acredita necesariamente que el titular haya autorizado las compras. El artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 establece reglas específicas sobre la carga de la prueba. En el caso analizado, el juzgado consideró insuficientes los registros aportados por Banco Santander para demostrar que las operaciones habían sido autorizadas por la clienta.

¿Pulsar un enlace fraudulento enviado por SMS constituye negligencia grave?

No necesariamente. Deben valorarse la apariencia del mensaje, la sofisticación del engaño, la información solicitada y la conducta del usuario. La mera introducción de credenciales en una página que suplanta al banco no permite presumir automáticamente negligencia grave. Corresponde a la entidad acreditar los hechos que fundamentan esa imputación.

¿Quién debe demostrar que el cliente actuó con negligencia grave en un phishing?

El artículo 44.3 del Real Decreto-ley 19/2018 atribuye al proveedor de servicios de pago la carga de probar que el usuario cometió fraude o negligencia grave. No basta con afirmar que se utilizaron sus claves bancarias o que se completó un proceso de autenticación.

¿Puede reclamarse al banco si las compras fraudulentas se realizaron desde otro país?

Sí, el carácter internacional de las operaciones no excluye por sí mismo la posibilidad de reclamar. En la sentencia analizada, los cargos fraudulentos se situaron en Lituania. El juzgado consideró relevante esta circunstancia, junto con los importes elevados y la ausencia de operaciones similares, para valorar las medidas de seguridad exigibles al banco.

¿Puede el banco quedar exonerado porque el cliente compartió datos con un familiar?

Compartir información bancaria con un familiar no determina automáticamente la existencia de negligencia grave. En el procedimiento analizado, el juzgado examinó la intervención de la hija de la titular y concluyó que Banco Santander no había acreditado una conducta gravemente negligente que justificara trasladar a la clienta las pérdidas ocasionadas por el fraude.

¿Qué importancia tienen los cambios de dispositivo y de límites bancarios antes de un fraude?

Pueden constituir indicios relevantes para valorar si la entidad debió activar controles adicionales. En este caso, la sentencia destacó la existencia de mensajes de alta de dispositivo y cambio de límite en un intervalo de aproximadamente siete minutos, junto con dos operaciones de importe elevado realizadas desde el extranjero.

¿Se pueden reclamar intereses y costas judiciales además del dinero sustraído?

Sí, cuando concurran los presupuestos legales correspondientes. En la sentencia analizada, Banco Santander fue condenado al reintegro de 6.700 euros, a los intereses legales establecidos en la resolución y al pago de las costas procesales. La procedencia de estos conceptos depende de las circunstancias de cada procedimiento y de la decisión judicial.

¿Una sentencia favorable por phishing significa que el dinero ya se ha recuperado?

No necesariamente. Debe distinguirse entre obtener una sentencia que condena al banco a devolver el dinero y conseguir su cumplimiento efectivo. La resolución analizada estimó íntegramente la demanda en primera instancia, pero indicaba expresamente que no era firme. La documentación disponible no acredita su firmeza posterior ni la ejecución material del reintegro.

¿Qué pruebas conviene conservar para reclamar pagos fraudulentos con tarjeta?

Es recomendable conservar los extractos bancarios, justificantes de los cargos, mensajes SMS, enlaces fraudulentos, comunicaciones con la entidad, reclamaciones presentadas y respuestas recibidas. También puede ser relevante solicitar registros de autenticación, información sobre dispositivos y notificaciones de seguridad. La documentación debe analizarse conjuntamente para determinar si las operaciones fueron autorizadas y qué responsabilidad corresponde al banco.


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