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Personas Incapaces: Tutela, Curatela y Defensor Judicial

La finalidad de la incapacitación judicial.

Ejercitada la demanda de incapacitación y, una vez concluido el procedimiento legalmente previsto, el Juez ha de dictar sentencia en la que éste debe determinar con precisión la extensión y límites de la incapacidad solicitada pero, además, habrá de concretar el régimen de guarda al que ha de quedar sometido el sujeto incapacitado por ella; acordando el nombramiento de la persona física o jurídica que ejercerá la guarda del incapaz, es decir, su protección.

Como ya sabemos, la incapacitación no suprime ni restringe los derechos de que son titulares las personas incapacitadas, pero sí condiciona el ejercicio de los mismos.

De este modo, las personas, una vez que sean incapacitadas por la sentencia judicial, pueden continuar ejercitando sus derechos, si bien podrán hacerlo según el tipo de incapacidad que les haya sido declarada, a través de su representante legalen caso de que fueran incapacitados totalmente –, o con la asistencia de un tercero – si fueran parcialmente incapacitados –.

La acción a través de la cual podemos promover la incapacitación de otra persona no puede entenderse como una acción discriminatoria ejercitada contra la persona del presunto incapaz. Es decir, no se trata de una medida ofensiva, sino al contrario. Por este motivo, nuestro Ordenamiento Jurídico configura la demanda de incapacitación como un instrumento preventivo.

Lo anterior quiere decir que, cuando interponemos una demanda para incapacitar a alguien, estamos haciendo uso de un sistema legal de protección de la familia con el que amparamos a aquél que no posea las facultades mentales y volitivas plenas necesarias para desenvolverse autónomamente en su vida diaria. Y es que, esa falta de aptitud o capacidad hace de estas personas seres vulnerables que se convierten en víctimas de quienes aprovechan dicha situación de vulnerabilidad para cometer  abusos que, en ocasiones, se producen sobre su persona o, en otro caso, sobre su patrimonio

Es cierto que, desde el punto de vista del demandado – el presunto incapaz, contra el que dirigimos la demanda -, la misma idea de ser incapacitado  (generalmente por algún familiar), puede ser contemplada como un ataque hacia su independencia, su libertad personal de decisión o actuación y, en consecuencia, puede ocasionar enfrentamientos con aquellos que tratan de promover su incapacitación judicial y, normalmente, se postulan para ejercer su guarda. Para estos casos, el demandado puede oponerse a dicha pretensión mediante la contestación de la demanda.

No obstante lo anterior y, pese al dolor que entrañe su ejercicio, la incapacitación es llevada a cabo  en numerosos supuestos por la frecuencia de los casos en que, ya sean ancianos, enfermos con discapacidad mental, e incluso personas con algún tipo de adicción son objeto de abusos por parte de terceros o de entidades que aprovechan la ya comentada situación de vulnerabilidad en que éstos se encuentran por su falta de capacidad de obrar. De esta forma, un artículo publicado recientemente en el periódico ABC de Sevilla nos explica el “modus operandi” empleado por éstos últimos. El texto dice:

«Ejercen una influencia indebida sobre los ancianos, mantienen a sus víctimas en el desconocimiento, les aíslan emocionalmente de los demás y de la información, les generan miedo, se aprovechan de sus vulnerabilidades, les crean dependencias, propician la falta de confianza en sus capacidades, les inducen vergüenza y secretista y realizan actos de bondad intermitentes para hacerles creer que son sus amigos».

El actual incremento del envejecimiento democrático viene a aumentar este tipo de escenarios. Así, el artículo periodístico citado habla de hasta 700 incapacitaciones al año en los Juzgados de Sevilla, y expone a modo de ejemplo, casos reales de engaños sobre personas pertenecientes a la tercera edad o discapacitadas como el siguiente:

«…pedir la declaración de incapacidad para un hermano de más de 60 años que tiene un grado de discapacidad física del 65%:

“Le han engañado la inmobiliaria y el banco -denuncia- porque le dieron una hipoteca para comprar en Sevilla y le hicieron poner como aval la casa que mis padres le dejaron, de 120 metros cuadrados en la sierra. A él, que tiene una pensión de orfandad de 680 euros mensuales, le vendieron una casa de 65 metros cuadrados, lo que le obligaba a pagar 400 euros mensuales, pero cuando subieron los intereses variables la hipoteca mensual subió a más de 500 euros”.

Al final, el banco le ha embargado la casa a su hermano y ha llegado a un acuerdo con él para que pague un alquiler social de 265 euros para quedarse en la misma vivienda que le han quitado. «Ahora se le acaban los cinco años de alquiler social y lo van a echar de la vivienda, por lo que hemos pedido a la Fiscalía que se declare su incapacitación», señala su hermano».

Como se puede observar, éste ejemplo expuesto es uno de los múltiples tipos de abusos  que pueden realizarse sobre personas necesitadas de especial protección. Muchas de estas situaciones pueden dar lugar cuando no existe el debido control, a casos de desviación, pérdida o dilapidación grave del capital del incapaz, si es a nivel patrimonial, y si es a nivel personal, en un descontrol absoluto sobre el seguimiento de un posible tratamiento médico que pudiera tener recetado, etc.

No obstante, en nuestro Código Civil existen diferentes figuras con las que evitar las situaciones anteriormente expuestas y conseguir la defensa de las personas incapaces.  Así, se establece en el mismo que: “la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los casos que proceda, mediante:

  • La tutela.
  • La curatela.
  • El defensor judicial.”

Brevemente explicamos en qué consiste cada una de ellas…

 

La Tutela.

Es creada con el fin de proteger la persona o bienes de quienes hayan sido, como regla general, totalmente incapacitados en virtud de sentencia judicial, por tanto, para el ejercicio de sus derechos, así como el cumplimiento de sus obligaciones, éstos van a necesitar actuar por medio de un representante legal, y es que, con respecto a sus funciones, el tutor se encarga de representar legalmente a la persona tutelada, de modo que ésta no podrá realizar – sin su asistencia– ciertos actos a los que el Ordenamiento Jurídico les confiere trascendencia jurídica, como es el caso de la celebración de contratos, otorgamiento de poderes, disposición de bienes… ya que en caso contrario, los mismos carecerán de validez legal, por cuanto que, según la Ley, “las personas que tengan modificada judicialmente su capacidad no pueden prestar su consentimiento” en materia contractual, y añade “en los términos señalados por la resolución judicial”, de manera que si ésta declara la incapacitación total, el acto o contrato deviene nulo.

El nombramiento de tutor se solicita en el mismo proceso de incapacitación. Es la sentencia judicial que declara la incapacitación la que deberá contener el nombramiento de la persona o entidad que haya de encargarse de la guarda y protección del incapacitado.

Hecho esto, la persona que haya sido designada judicialmente para desempeñar el cargo de tutor habrá de aceptar previamente el mismo para su ejercicio. A tal fin, debe acudir al Juzgado para la toma de posesión de dicho cargo y firmar su aceptación. No obstante, la Ley también contempla la posibilidad de rechazarlo o excusarse de su cumplimiento en base a ciertas causas.

Tal y como se establece en el artículo 222 del Código Civil, se encontrarán sujetos a tutela:

  • Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
  • Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
  • Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
  • Los menores que se hallen en situación de desamparo.

 

La Curatela.

A diferencia de la tutela, la curatela es aquella institución de guarda que se prevé, generalmente, para el supuesto en que el Juez declara la incapacidad parcial de una persona. Esto implica que el sujeto incapacitado judicialmente, pese a que mantiene la capacidad suficiente para manifestar su  voluntad, no obstante, necesita ser asistido por el curador complementando éste la capacidad de obrar de aquél para realizar determinados actos que no puede realizar por sí solo.

Según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la curatela no tiene por qué limitarse a ser complemento de la esfera patrimonial, sino que puede igualmente supervisar el tratamiento médico a que esté sujeto el incapaz, sin suplir la voluntad del mismo, sino reforzándola y complementándola para aquellos actos que están especificados en la sentencia judicial de incapacitación.

Es decir, la curatela permite al incapacitado tomar decisiones sobre su persona o bienes, conservando con ello cierto grado de autonomía – lo que lo diferencia de quienes están sujetos a tutela –. No obstante, para la plena validez de sus actos requiere que se complemente la voluntad de la persona sujeta a curatela por medio de su curador.

Quienes pueden quedar sometidos al régimen de curatela son, de conformidad con el artículo 286 del Código Civil los siguientes sujetos:

  • Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.
  • Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.
  • Los declarados pródigos.
  • Igualmente, procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique, coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

Respecto a las funciones que asume el curador, a diferencia del tutor, esto no actúa como representante legal del incapacitado, sino que lo asiste y complementa su capacidad en aquellos actos que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia, se prevea que no pueda realizar por sí mismo y sin la intervención de curador.

Ahora bien, en aquellos asuntos en que, debiendo intervenir el curador, puedan producirse discrepancias entre éste y el sometido a curatela, deberá solicitarse el auxilio judicial. Y es que ello es algo frecuente por cuanto que el curador puede asistir  al incapacitado tanto en su esfera patrimonial como en su esfera personal, lo que puede llegar a causar, en ocasiones, algún conflicto de intereses entre ellos.

 

El Defensor Judicial.

Esta figura se define como aquella institución de guarda prevista en nuestro Código Civil para los siguientes supuestos:

  • Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.
  • En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

De acuerdo con lo anterior, se trata de una figura de protección de la persona incapacitada que se caracteriza porque su actuación es de naturaleza provisional o transitoria, ya que se encarga de representar o bien asistir a éste para el caso de que no existan personas que ostenten la patria potestad, tutela o curatela sobre el menor o incapacitado, o que existiendo, les resulte imposible por diferentes motivos como son la existencia de un conflicto de intereses entre éstos últimos y el incapaz; la destitución del tutor o curador; o la alegación por parte de alguno de ellos de una causa de excusión para no desempeñar la guarda del menor o incapaz.

El defensor judicial ha de ser nombrado por el Juez, previa tramitación del oportuno procedimiento, en caso de que se considere necesaria esta figura como más conveniente para la protección de la persona o bienes del incapaz. No obstante, para el caso de que se produzcan alguno de supuestos a que se refiere el anterior párrafo, será el Ministerio Fiscal el encargado de asumir la representación y defensa de éstos, a no ser que sea quien haya iniciado el proceso judicial, en cuyo caso la Ley dispone que se nombrará un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado.

 

La Guarda de hecho.

Por último, la guarda de hecho es contemplada en nuestro Código Civil para aquellas situaciones en que una persona no designada judicialmente asume la guarda y protección de alguien incapaz de obrar. Es decir, esta figura comprende aquellos supuestos en que un familiar, vecino, etc., se hace cargo de alguien que no es capaz de obrar por sí mismo.

La ley prevé sobre la guarda de hecho que, en el momento en que la autoridad judicial tuviera conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institución de protección y apoyo, y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Es necesario precisar que los guardadores de hecho no actúan como tutores, es decir que, en ningún caso puede sustituir el consentimiento del presunto incapaz en la realización por éstos de actos personales. No obstante, de manera cautelar y, en tanto persista la guarda de hecho hasta que se constituya la medida de protección adecuada, el Juez podrá otorgar facultades tutelares a los guardadores.

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En tal sentido, nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes las máxima satisfacción. Actualmente, Abogados IN DIEM, dispone de sedes de Málaga, Sevilla, Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Huelva. Estamos a tu disposición para lo que necesites. Nos puedes localizar a través del Teléfono Abogados IN DIEM  (+34) 901 900 071. En casos de Urgencias nos tienes en el Teléfono Abogados Urgencia 24 Horas  IN DIEM:  (+34) 610 667 452.

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