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Los ciberataques y casos de hackeo contra Administraciones Públicas y, en especial, contra ayuntamientos, se han intensificado en los últimos años, afectando a servicios esenciales y a la seguridad de datos sensibles. Ataques de hacking, ransomware o sabotaje informático obligan a los responsables municipales a adoptar decisiones jurídicas inmediatas. En este contexto, el contrato de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público se convierte en una herramienta clave para reaccionar con rapidez ante incidentes graves de ciberseguridad. En este artículo analizamos cuándo un hackeo puede justificar legalmente un contrato de emergencia, los requisitos exigidos por la LCSP, los riesgos de su uso indebido y cómo ayuntamientos y entidades locales pueden apoyarse en un asesoramiento jurídico especializado para actuar con seguridad jurídica.